Nintendo recibió una notificación de Procon-SP tras actualizar los términos de la Cuenta Nintendo con cláusulas consideradas abusivas. La agencia de protección al consumidor dio a la compañía japonesa 48 horas para comentar oficialmente los cambios.
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Las nuevas normas de Nintendo establecen que, en casos considerados inapropiados, la compañía puede bloquear cuentas o incluso inutilizar los dispositivos. Los cambios generaron preocupación entre los expertos en derecho del consumidor, quienes señalaron infracciones del Código de Protección al Consumidor (CDC).
Las cláusulas controvertidas generan alarma
Según Procon-SP, el contrato actualizado permite a Nintendo modificar unilateralmente los términos del servicio, incluyendo la cancelación de la cuenta y la desactivación permanente de la consola. El texto del contrato no define claramente los criterios para estas sanciones, lo que da margen a acciones arbitrarias.
La legislación brasileña considera abusiva cualquier cláusula que permita modificaciones unilaterales por parte del proveedor. Según Procon, esto vulnera derechos fundamentales del consumidor, como la protección contra prácticas desleales y la preservación de la buena fe en los contratos.
Otro punto de controversia fue la imposición del arbitraje individual obligatorio, que impide a los consumidores presentar demandas colectivas contra la empresa. La agencia alega que esta condición viola la legislación brasileña, que garantiza a los consumidores el derecho a elegir el tipo de acción legal que desean emprender.
La prohibición de litigios colectivos también se ha interpretado como un intento de debilitar la respuesta jurídica de los consumidores, especialmente en situaciones que afectan a un mayor número de usuarios al mismo tiempo.
Una traducción mal adaptada levanta sospechas
Los usuarios de redes sociales señalaron que Nintendo tradujo secciones del contrato directamente de los términos de uso estadounidenses. Un ejemplo es la mención de la resolución de disputas sin jurado, algo incompatible con el sistema legal brasileño, donde los grandes jurados solo existen para delitos intencionales contra la vida.
Este detalle sugiere que Nintendo podría haber replicado cláusulas internacionales sin considerar las particularidades legales de Brasil. Para Procon-SP, esto demuestra una falta de consideración por los consumidores locales y refuerza el argumento de que el contrato viola la legislación vigente.
Según la agencia, los consumidores brasileños tienen derecho a interponer demandas, individual o colectivamente, contra los proveedores. Por lo tanto, imponer limitaciones contractuales a este respecto es ilegal.
El nuevo contrato también estipula que los usuarios no pueden participar en ningún otro tipo de proceso representativo, salvo las demandas colectivas. Esta disposición, según los expertos, pretende restringir las alternativas legales previstas por la ley.
Nintendo aún no ha comentado nada.
Procon-SP emitió el aviso el martes 13 de mayo. Desde entonces, la empresa no ha comentado públicamente sobre las exigencias de la agencia ni ha indicado si realizará cambios en los términos.
Nintendo ha actualizado su contrato de cara al lanzamiento de la Switch 2, previsto para el 5 de junio. Se espera que la nueva versión de la consola cuente con una protección mejorada contra la piratería, un problema que afectó al modelo anterior lanzado en 2017.
Sin embargo, el endurecimiento de la normativa plantea un dilema: el afán de combatir las prácticas ilegales no puede invalidar los derechos legalmente garantizados de los consumidores. Según Procon-SP, cualquier medida de seguridad debe respetar los límites establecidos por el Código de Protección al Consumidor (CDC).
Ahora queda por ver si Nintendo responderá dentro del plazo y ajustará el contrato a la realidad brasileña. De lo contrario, la agencia podría imponer sanciones administrativas y recomendar acciones legales.
